Su pronunciamiento tiene lugar después de que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hayan condenado “de forma enérgica” el espionaje a periodistas que se ha destapado con ocasión de la investigación en el 'caso Villarejo'.

En su sumario figura que, para averiguar si algún empleado del banco filtraba información, se intervinieron correos y llamadas entre periodistas y trabajadores de BBVA, además de efectuar pinchazos a los teléfonos móviles de forma sistemática durante cerca de una década.

El banco defiende en un comunicado que, “como cualquier empresa, que además es cotizada y está sujeta a una exigente supervisión reguladora, tiene el deber de contar con mecanismos de control que velen por el cumplimiento de la ley y de las políticas y procedimientos internos, y eso incluye el deber de secreto sobre la información confidencial de la empresa”.

En caso de una vulneración, reivindica que “debe poner en marcha los mecanismos internos para identificar posibles incumplimientos” y asegura que dichos mecanismos “son perfectamente legítimos, siguen su correspondiente procedimiento, y están recogidos en el código de conducta y las normas internas, a las que están sujetos todos los empleados”.

Para el banco es “importante” diferenciar dichos mecanismos de control “de cualquier tipo de práctica ilegal como sería el seguimiento de comunicaciones privadas de terceros, que de ser cierto sería de indudable gravedad y contaría con el total rechazo de BBVA”.