Delgado se pronunció de esta forma en la Comisión de Justicia del Congreso, donde comparece esta tarde antes de ser nombrada oficialmente como fiscal general. Esta comparecencia es obligada, aunque no vinculante, por lo que el gabinete de Pedro Sánchez podrá hacer efectiva su designación en un próximo Consejo de Ministros.

En su intervención inicial, Delgado defendió que el sistema de nombramiento del fiscal general en España es “híbrido”, ya que el candidato lo propone el Gobierno, sus requisitivos deben ser analizados por el CGPJ y por último debe ser examinado en el Congreso. Sostuvo que estos elementos implican que en la designación intervienen los tres poderes de Estado y el fiscal general “se desvincula” en la práctica del hecho de que le propusiese el Ejecutivo.

Por este motivo, apuntó que “es el Estado en su conjunto” el que interviene en la designación del fiscal general, cuyo trabajo dijo que “se legitima por la defensa de la legalidad” y por el “servicio público”. Por este motivo, sostuvo que el hecho de que venga de ser ministra de Justicia no debe ser visto “como una debilidad, sino como una fortaleza”.

Argumentó que en la sociedad “no deber llamar la atención ni producir desasosiego” que profesionales como ella, que han pasado por el Gobierno, pasen a ocupar un cargo como responsable de la Fiscalía General.

Delgado hizo estas consideraciones tras aludir a su trayectoria de 30 años como fiscal, en los que dijo que empezó siendo “funcionaria de trinchera”, le llevó después a ejercer en Cataluña y le condujo, finalmente, a ser fiscal de la Audiencia Nacional especializada en lucha contra el narcotráfico y luego contra el terrorismo.