El juez Manuel García Castellón había citado a declarar este jueves a López Andreo y a otras dos personas de su equipo para detallar en sede judicial el contenido del informe 'forensic', encargado por la entidad bancaria cuando estalló el escándalo de la contratación de Villarejo para espiar a competidores, empresarios y miembros del Gobierno con el objetivo de impedir la toma de control del BBVA por la constructora Sacyr.

La declaración ha sido muy detallada, tanto que López tendrá que regresar a la Audiencia Nacional para poder concluir su declaración en el mes de marzo. El resto de comparecencias, también han sido aplazadas. El BBVA encargó a Garrigues, Uría y PwC la investigación interna sobre la contratación de Villarejo y siempre ha sostenido que pidió un informe a fondo y sin cortapisas.

El perito de PwC indicó que en su investigación llegaron a detectar millones de impactos en forma de correos electrónicos, mensajes varios o documentos relacionados con esos contratos con Villarejo de los que la firma Garrigues y el banco sólo autorizaron el análisis de una parte de ellos que no superaba el 10% del total.

De hecho, el representante de PwC indicó al juez que recibió instrucciones de Garrigues para no profundizar en la investigación del supuesto espionaje al entonces presidente de Sacyr, Luis de Rivero, y a otros directivos de la compañía que en el argot del BBVA eran conocidos como “grupo hostil”, que trató de tomar el control de la entidad y poner en peligro la presidencia de Francisco González.

Según fuentes jurídicas, López de Andreo explicó al juez y a los fiscales que el banco puso a su disposición miles de documentos y fue el bufete Garrigues, que coordinaba los trabajos, el que pidió delimitar la investigación a un número menor y profundizar en unos u otros aspectos. Fue así como quedaron excluidos los documentos relativos al espionajes a los implicados en el asalto de Sacyr, incluido su presidente, y también a la relación del banco con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

El informe 'forensic' realizado por PwC fue un encargo ordenado por el actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, en 2019 cuando estalló el escándalo del espionaje a empresas competidoras y miembros del Gobierno. La consulta asegura que sólo incluyó en dicho informe las evidencias que podía avalar con pruebas documentales y que no se apoyó en simples declaraciones sin soporte de documentos.