Se trata de la última notificación oficial quedando únicamente a la espera de presentar la documentación en los próximos diez días hábiles.

De esta forma, el Ayuntamiento de Ada Colau confirma la apuesta por un modelo que favorece a los emprendedores para poder operar en este nuevo servicio de movilidad abierto y participativo.

Esta decisión ha disgustado a los grandes operadores nacionales e internacionales que hasta ahora “venían prestando el servicio de forma alegal”, según indican fuentes del sector.

En la otra cara de la moneda existen las empresas de nueva creación impulsadas por emprendedoras que ahora tienen la oportunidad de ofrecer una alternativa en un entorno regulado.

Las mismas fuentes destacan el nerviosismo que ya han mostrado alguno de estos grandes operadores por ver afectadas sus ganancias al tener una competencia real. Alguna de las empresas, que tenía previsto facturar unos 50 millones de euros este año y que pone en duda el modelo de Colau, se resiste a perder Barcelona como una de sus mejores plazas de actuación y ha adoptado la estrategia de desgaste hacia el resto de los competidores afirmando que son empresas insolventes.

Algunas personas del sector critican la postura que están manteniendo los grandes operadores ya que consideran que lo mejor sería ser prudente hasta ver cómo queda el reparto final de licencias.