Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el de Madrid.

Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.

Aguado informó de que los presupuestos prorrogados de la Comunidad de Madrid para 2020 contemplan una partida de 49,83 millones de euros para asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio). Del total, 43,88 millones se destinarán a los abogados y 5,95 millones a los procuradores (42,83 millones a justicia gratuita y 7 a turno de oficio). Los pagos a los procuradores se llevarán a Consejo de Gobierno para su aprobación próximamente.

En 2019, añadió, a través de estas subvenciones se concedieron cerca de 80.000 ayudas, un 75% más de las solicitudes formuladas en el año 2018.

Dijo que la asistencia jurídica gratuita es uno de los pilares del Plan Justicia 21x21 que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización y humanización de las infraestructuras judiciales, un proyecto que cuenta con un presupuesto anual de unos 500 millones de euros.

AGILIZAR LOS PAGOS

Afirmó que la Comunidad de Madrid trabaja para impulsar la agilización de los pagos y recordó que en octubre de 2018 se modificó el decreto de asistencia jurídica gratuita, para abonar a los abogados y procuradores a mes vencido y el plazo medio de pago es ahora de veinte días naturales.

En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la Consejería de Justicia las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Previamente a esta certificación formal y con el fin de agilizar al máximo la tramitación del pago, se envía a la citada consejería para su revisión una precertificación en la que se detectan posibles errores.

Tras la comprobación de la certificación presentada se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos.