Así lo aseguró durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, en la que formuló una pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, sobre los compromisos adquiridos en el debate de investidura que, en realidad, modificó para interrogar sobre el objetivo de la reforma anunciada del Código Penal.

Álvarez de Toledo manifestó que el Gobierno de Sánchez quiere “reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad, un hombre que contrapone los votos a las leyes, y un hombre que considera que la constitución de 1978 está amortizada”.

La portavoz popular adujo que ese hombre “no es el presidiario (Oriol) Junqueras”, el presidente de ERC que cumple condena en prisión por el desafío separatista del 1-O, pero señaló que en realidad es “Pedro Sánchez” porque “busca la amnistía de sus cómplices y la amnistía de ustedes”.

Álvarez de Toledo reprochó al Ejecutivo de Sánchez que quiera “someter al fiscal general” con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía y que se dedique a “alternar con delincuentes aquí y allí”, en alusión respectivamente a los independentistas catalanes y al régimen venezolano de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. “España no les importa nada”, sentenció.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno replicó que el PP hizo en los años de mandato de Mariano Rajoy “de la crisis económica una crisis social y territorial” y se comprometió a enmendar esa situación durante los próximos cuatro años, incluido con la modificación del Código Penal.

Calvo concluyó ante las acusaciones de Álvarez de Toledo por Cataluña y Venezuela que el PP fue “un partido de Estado en otro tiempo” pero “ya no lo son” y le recordó que su discurso político “contra Cataluña” va en paralelo al “respaldo electoral que tiene” su partido en esa comunidad, que cifró en “ninguno”.

Por eso, le recomendó que en vez de hablar en el Pleno del Congreso como si guera “la más constitucionalista, la única constitucionalista”, cambie de postura para hacerse simplemente “constitucional” y ayudar a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está agotado desde hace algo más de un año, “para no tenerlo de rehén de su confrontación” desde la oposición.

A continuación, el diputado de Vox Ignacio Garriga preguntó a la vicepresidenta “quién dirige realmente la política del Gobierno”, ya que considera que las medidas anunciadas ponen de manifiesto que los ministros están “bajo las órdenes de un lacayo y prófugo de la justicia”.

Garriga lamentó que desde Bélgica el expresidente de la Generalitat Carles “Puigdemont ordena” y su sucesor, Quim “Torra, calla” y “ustedes ejecutan” con la convocatoria de mesas bilaterales entre el Gobierno de España y la Generalitat y promueven un federalismo que “rompe la hucha común de todos los españoles”. “España es una nación débil, tan débil que los nacionalistas se la reparten”, remachó.

Criticó que el Ejecutivo reconozca a Torra como presidente cuando está “inhabilitado” y condenado judicialmente por desobedecer resoluciones judiciales y administrativas y llegó a definir al Gobierno de Sánchez como una “marioneta de Puigdemont en España” y como una “marioneta de (Nicolás) Maduro en el exterior” tras el encuentro secreto hace un mes del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno acusó a Garriga de “lanzar un mitin” en el Pleno del Congreso y de pronunciar una “sarta de barbaridades” en línea con las que considera que Vox emplea “cada día para enturbiar los oídos” al resto de los españoles.

Calvo recurrió a la ironía para imaginar al diputado de Vox de ministro de Exteriores de España y denunciar que, si eso ocurriera, España volvería a perder su “prestigio” internacional y el país estaría “más solo que la una”.