Campo hizo este anuncio en su intervención inicial ante la Comisión de Justicia del Congreso, ante la que comparece este lunes para dar cuenta de los ejes de actuación de su equipo tras tomar posesión.

El ministro explicó que desarrollara lo que denominó ‘Plan de Justicia 2030’, que, entre otras cuestiones, incluirá “actualizar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal”, puesto que “es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal”.

Sostuvo que es necesaria una “regulación moderna y justa que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales”.

“DESLINDAR” FUNCIONES

Se trataría de “un proceso penal que deslinde las funciones instructoras de los juzgadores”, porque España necesita “una nueva regulación procesal penal propia del tiempo y la sociedad actuales”.

Este anuncio de Campo de que la instrucción penal la lleve la Fiscalía se produce en un momento en el que los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya propuesto como próxima fiscal general a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Por otra parte, dentro del ‘Plan de Justicia 2030’, el ministro también anunció que tiene intención de estabilizar numéricamente la Oferta de Empleo Público para jueces y fiscales y terminar con la escasa oferta de los últimos años y reducir la interinidad.

Otros objetivos principales serán atender a la programación de desarrollo de la planta judicial, consensuada con el CGPJ, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera. También se buscará dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo.