La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación, según informó este sábado el Cermi.

Transcurridos con creces esos tres años, que se cumplieron en diciembre de 2014, es el momento de que el Parlamento cambie la Ley, de modo que los asuntos litigiosos relativos a la dependencia (discrepancia con la valoración, concesión o no de grado de dependencia, reconocimiento o denegación de prestación, desacuerdo con las cuantías, etc.) sean competencia real de la jurisdicción social.

"A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial del derecho subjetivo creado por la Ley 39/2006", según el Cermi.

El Comité subrayó que esta regulación impide atacar las malas prácticas de las administraciones sociales y deja "en buena medida indefensa a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican".

"El Cermi ha vuelto a denunciar esta dilación normativa al Defensor del Pueblo para que investigue un incumplimiento legal que perjudica a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familias", concluyó.