Según informa la petrolera presidida por Antonio Brufau a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta provisión se reflejará en sus estados financieros a 31 de diciembre de 2019, cuentas que se verán también impactadas por la devaluación de varios activos por valor de unos 4.800 millones.

Este conflicto que se inició en julio de 2015 se reparte en seis laudos, de los que hasta el momento se han resuelto dos, uno a favor de Repsol y el otro en contra. La petición inicial de Addax y Sinopec alcanzó los 5.500 millones de dólares.

Por su parte, en 2017, Repsol comenzó otro arbitraje contra China Petroleum Corporation reclamando una indemnización por los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de cualquier decisión adversa en el arbitraje, junto con otros daños aún no cuantificados.

Este procedimiento se fundamenta en la conducta, por parte de Adax y Sinopec, frente a Repsol, durante los meses previos conducentes a la adquisición del Grupo Talisman.

Aunque no se conoce con certeza la cuantía de la posible indemnización y el litigio tiene todavía un largo recorrido, al menos hasta el primer trimestre de 2022, y numerosas decisiones pendientes, Repsol explica que ha decidido dotar esta provisión a la vista del laudo parcial emitido en su contra.