Así se pronunció Celaá en declaraciones a la prensa tras la reunión que ha mantenido con la consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, en el marco de la ronda de encuentros que está llevando a cabo con los responsables educativos de todas las comunidades autónomas y en las que recordó que el plazo legal para atender al requerimiento de su departamento vence este lunes 17.

“De no atenderse”, insistió, el Ejecutivo interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por vía contencioso administrativa “pidiendo una suspensión cautelar de la medida”. “Por nosotros haríamos esa reunión mañana mismo, pero nos han pedido posponerla y entendemos que, quizá, sea para algo que interese a la reposición de la legalidad”, precisó.

Para que las familias “estén informadas”, Celaá quiso dejar claro que “no estamos hablando de actividades voluntarias o extraescolares, que, como su nombre indica, son de libre disposición para las familias sino de actividades complementarias, curriculares, obligatorias y evaluables”.

Unas materias que, aseveró, “configuran el tronco del currículum, el de obligado cumplimiento, de obligado conocimiento para el alumno, porque es el desarrollo de su derecho a tener una educación integral que desarrolle su personalidad de manera plena en el respeto a los principios democráticos de la convivencia”. “De eso hablamos, de la educación integral del alumno”, espetó, al tiempo que defendió que la “titularidad de ese derecho la tienen los alumnos, los menores porque es su interés superior y su derecho”, resolvió.

Murcia afirmó que, si el ministerio decide acudir al TSJ para solicitar la suspensión cautelar de la medida, “como no puede ser de otra forma, se acatará la decisión del órgano judicial" al tiempo que subrayó que está “recabando toda la información técnica y jurídica para esa reunión” en torno a la cual “próximamente se volverá a fijar una nueva fecha”.