La jueza de instrucción número 8 de Valencia ha acordado el levantamiento del secreto del sumario de esta causa en el que se recogen los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que revelan todo un entramado de empresas fundadas por Zaplana para evadir el dinero de las mordidas y su posterior repatriación a través de la sociedad Imisión Internacional.

Esa sociedad fue creada por Juan Cotino en Luxemburgo y a través de ella se pagaban comisiones a Zaplana mediante varias empresas que tenía puestas a nombre de testaferros con el fin de comprar inmuebles y venderlos de manera ventajosa.

En este caso están siendo investigados, el expresidente Eduardo Zaplana; el exconsejero Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau, además del presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García. También figuran entre los imputados la mujer y las hijas de Zaplana.

Los imputados están acusados de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La investigación realizada por la UCO se apoya en buena parte en el contenido de la agendas manuscritas de Zaplana en las que anotaba con escrupulosa meticulosidad todas las operaciones realizadas desde 1997 y durante dos décadas, hasta su detención en 2018.

La Guardia Civil considera que Zaplana actuaba como jefe de esa trama “en un plano de jerarquía superior, tanto en relación a las adjudicaciones concretas como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”, del que la Justicia tiene ya en su poder dinero y bienes por un importe superior a los 13 millones de euros.

Zapalana llegó a crear 25 empresas que cobraban el dinero de las mordidas de manera singularizada en cada caso. El dinero se vehiculaba después a través de la sociedad off shore Imision Internacional creada por Juan Cotino en Luxemburgo gracias a la ayuda de la sobrina del espía Paesa, a la que pagó 640.000 euros por la gestión.

La repatriación de los fondos se produciría a través de la empresa Medlevante, de cuya actividad Zaplana hizo un relato detallado en una de sus agendas en la que describe el proceso a través de ampliaciones de capital. También quedaron reflejadas las inversiones que se acometieron o se proyectaron.

La idea era multiplicar la fortuna adquirida de manera ilegal dando pelotazos urbanísticos. Para ello, los investigados disponían de información privilegiada para la adquisición de inmuebles que compraban con el dinero procedente de las comisiones cobradas a cambio de adjudicaciones públicas para la construcción de parques eólicos o la autorización de ITV. Ese fue el caso, por ejemplo, de unos terrenos en primera línea de costa en Villajoyosa poco antes de que fueran recalificados como urbanizables.

En la documentación incautada a Zaplana constan las reuniones con sus presuntos cómplices Joaquín Miguel Barceló, Juan Francisco García y Francisco Grau, y también con el testaferro uruguayo Fernando Belhot que ha colaborado con la justicia desvelando el mecanismo de actuación.

Los encuentros con distintos miembros de la familia Cotino se celebraban antes de la constitución de la mesa de contratación en las que se analizaban las propuestas técnicas y económicas de los concursos de las ITV, cuando se planeaban entregas de dinero, transferencias de fondos entre sociedades o decisiones de inversión en España.

Según la declaración del testaferro uruguayo Belhot que consta en el sumario, Zaplana podría haber cobrado entre 1995 y 2002 un total de 2,3 millones de euros en efectivo, que le habría llegado a través de “su secretaria personal Mitsouko Henríquez" quien también está siendo investigada en la causa.

La información remitida por la justicia suiza, a la que se libraron varias comisiones rogatorias, indica que fue la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, recibió 640.000 euros de Juan Cotino, cuando era director general de la Policía, para crear las empresas a través de las cuales se pagaban los sobornos a Zaplana.