En esa iniciativa también respalda el acuerdo de 5 de noviembre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración planteadas por los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar y Ciudadanos y el subgrupo Partido Popular.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explica que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a vulnerar el orden constitucional y estatutario al admitir a trámite la Mesa de la Cámara la moción anteriormente citada.

“Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, a la vista de la sentencia 259/2015 y de los requerimientos y advertencias contenidos en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 sobre los incidentes de ejecución promovidos respecto de las resoluciones 534/XI y 546/XII, pronunciamientos todos ellos que la Mesa conocía antes de admitir a trámite esa iniciativa parlamentaria”, indica el TC.

En este sentido, el Pleno del Tribunal considera que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a actuar de manera inequívoca para ejercer el derecho de autodeterminación, lo que evidencia que esta cámara insiste en negarse a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y persigue continuar con el inconstitucional proceso secesionista de Cataluña.

Así, el pleno del TC desestima los recursos de súplica interpuestos por Josep Costa, Eusebi Campdepadrós, Elsa Artadi Vila y 31 diputados más del Parlamento de Cataluña, contra la providencia de 12 de noviembre de 2019 sobre admisión del presente incidente de ejecución.

Además, estima el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en representación del Gobierno respecto del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019. El TC declarar la nulidad de los referidos acuerdos, en lo que se refiere a la admisión a trámite del apartado 1 de la moción.

El Constitucional ordena notificar personalmente el auto al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia, así como lo acordado en el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.

El TC pide al ministerio fiscal que decuzca testimonio de particulares para, en su caso, exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña, al vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, Josep Costa; al secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado, por incumplir el mandato del párrafo.