Fuentes de los Ministerios para la Transición ecológica y el Reto Demográfico y de Industria, Turismo y Comercio, explicaron que esta compensación puede alcanzar hasta el 85% de estos costes y que podría rondar los 90 millones de euros.

Para determinarla, se establecerá un mecanismo transitorio para calcular el importe de cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y así poder compensárselos, en tanto se fijan los cargos de la factura eléctrica.

Dicho mecanismo, que será asumido por los presupuestos del Ministerio de Industria, se sumará al que ya existe para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2, mecanismo que contaba con una partida de 172 millones de euros en los presupuestos en vigor.

Por otra parte, el Estatuto incorpora un fondo de financiación, prestado por Cesce, para que las empresas electrointensivas puedan abonar las garantías necesarias para firmar contratos de suministro de electricidad a largo plazo, los llamados PPA.

Con estos contratos a plazo de electricidad renovable, estos consumidores podrán reducir la volatilidad del precio de su suministro eléctrico y vincular su coste de energía al de la generación renovable, de menores costes a otras tecnologías de producción.

Según estas fuentes ministeriales, el Estatuto va a beneficiar a unas 600 empresas en las que trabajan unas 300.000 personas y que deberán acreditarse como consumidor electrointensivo. Estas compañías consumen actualmente alrededor del 17% de la electricidad en España.

Para obtener esta condición, se requerirá un consumo eléctrico mínimo anual de un gigavatio hora (GWh), al año, pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima y realizar al menos el 50% del consumo en horas valle.

El procedimiento de certificación lo realizará la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y requerirá la presentación de un certificado del distribuidor o transportista de la red a la que se conectará la industria, otro certificado del Operador del Sistema (REE) y un informe de la Entidad Nacional de acreditación (ENAC).

El borrador del Estatuto será publicado mañana y se iniciará un periodo de siete días de audiencia pública. Después, tras recibir las alegaciones será trasladado al Consejo de Estado donde se pedirá el trámite de audiencia. Con ello, podría ser aprobado por el Consejo de Ministros durante el mes de marzo.

En esta ocasión, el Gobierno no contempla remitir el borrador a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puesto que sostiene que ha incorporado las alegaciones presentadas por este organismo en abril del año pasado.