El juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, levantó el secreto del sumario el pasado lunes. En ese sumario, consta que la Fiscalía cree que la contratación del Villarejo “habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco”, entonces ocupada por González.

Aunque el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, habría sido el puente para contratar a Villarejo, del que era amigo, el ministerio público considera que hubo varios departamentos de la entidad involucrados en esa contratación. No obstante, señala a Corrochano como la persona que recibió la orden “directamente” del presidente.

En concreto, Francisco González recibió “el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo tras años como compañero en el Cuerpo Nacional de Policía a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada".

Las labores de espionaje para las que fue contratado se produjeron entre 2004 y 2005 y tuvieron por objeto espiar a políticos, financieros, empresarios y periodistas para evitar la toma de control del BBVA por la constructora Sacyr. En su declaración ante el juez, el que fuera presidente de la entidad afirmo que no tuvo conocimiento de estos hechos hasta el mes de mayo de 2018.

Para la Fiscalía, las pruebas que obran en su poder confirman con solidez la existencia de indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt, la empresa de Villarejo. En esa contratación participaron varios departamentos del BBVA a sabiendas de que Villarejo era un policía en activo de que podía utilizar medios ilegales para cumplir con el encargo. De hecho, los responsables del banco conocían desde el primer momento “la naturaleza ilícita de todas las contrataciones”.

El ministerio público se basa en el informe `forensic´ encargado por el bando y en la declaración del exdirectivo Antonio Béjar para “corroborar la solidez de los indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del bando a sabiendas de la condición policial de José Manuel Villarejo, y de la utilización por este de medos ilícitos para la obtención y acceso a información reservada con vulneración de sus derechos fundamentales”.