El Comité ha constatado que desde 2012 se ha reducido ligeramente el número de veces que se usó el amarre a cama y que, en líneas generales, este procedimiento se aplicó durante menos tiempo. No obstante, el informe entiende que esta medida tiene un carácter punitivo y que su uso está fuera de toda normativa legal. La Generalitat se defiende afirmando que es un “último recurso” que se usa en momentos de gran agresividad y con el objetivo de garantizar la seguridad del penado

Además, el CPT del Consejo de Europa pide a las autoridades catalanas que adopten un “enfoque de género” que contemple las necesidades de las mujeres presas y en ese sentido pide que se tenga en cuenta que la población reclusa femenina representa un menor riesgo de seguridad en las cárceles.

El Consejo de Europa aconseja a los responsables de prisiones que trabajen en detección de abusos sexuales u otras formas de violencia de género. El informe indica que la mayoría de las presas entrevistadas admitieron haber sido tratadas "correctamente", aunque constan denuncias de excesivo uso de fuerza en las cárceles de Brians 1 (Martorell) y Ponent (Lleida).

En el caso de los hombres, una mayoría también refirió un trato correcto, aunque quedaron registrados episodios de “de malos tratos”, en concreto, “patadas, puñetazos en la cabeza y en el cuerpo, y porrazos". Además, el CTP exige que se termine con los abusos verbales de los policías a los detenidos, con las esposas muy apretadas y con la práctica del 'bocadillo' que consiste en empotrar a la persona entre dos colchones sujetos por correas y que, de confirmarse su práctica, sería una “preocupación grave” para el Consejo de Europa.