Así lo refleja el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante 2018. La mayoría correspondieron al sector eléctrico (72%) y el resto al sector del gas natural (28%).

En su informe, la CNMC señala un importante aumento de las reclamaciones relativas al bono social eléctrico, que se multiplicaron por cuatro (de casi 10.000 en 2017 a unas 40.000 en 2018).

Durante ese año se puso en marcha un nuevo sistema para obtener el bono social, que requirió que los consumidores tuvieran que tramitar una nueva solicitud para ser considerados consumidores vulnerables, de acuerdo con la nueva normativa.

En este sentido, la Comisión está analizando la falta de diligencia en la tramitación de dichas solicitudes, por parte de algunas comercializadoras de referencia.

Por otra parte, casi la mitad de las reclamaciones presentadas por los consumidores fueron por discrepancias en las lecturas con las compañías de suministro; a las que siguieron las disputas sobre la facturación y cobro. De hecho, este grupo representó el 50% de las registradas en el sector de electricidad, y el 45% de gas natural.

En 2018, las reclamaciones consideradas procedentes por las empresas, y por tanto resueltas de manera favorable para el consumidor, supusieron el 39% de las reclamaciones en el sector eléctrico y el 31% en el sector del gas natural. En comparación con el año 2017, se empeoraron los números de reclamaciones resueltas a favor del consumidor en electricidad (-1%) y gas natural (-4%).

Por último, este informe pide revertir las malas prácticas relativas a las visitas domiciliarias realizadas por los comercializadores sin consentimiento previo del consumidor, así como la aplicación de penalizaciones no recogidas en la normativa por pronta resolución del contrato.