Exteriores emitió un comunicado con motivo del 40 aniversario de este suceso en la referida embajada, en el que recordó a las 37 víctimas, incluyendo siete funcionarios y empleados públicos de la propia misión, de un hecho que supuso una “flagrante violación de la inmunidad diplomática” por parte de agentes guatemaltecos.

Ya en 2015, el Gobierno celebró y felicitó a la justicia guatemalteca por haber juzgado, 35 años después, aquellos hechos, dictando el Tribunal de Mayor Riesgo ‘B’ sentencia condenatoria contra el único responsable que pudo ser juzgado por aquel “lamentable episodio”.

Esta sentencia, junto con el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1999, que también investigó y condenó lo sucedido, corroboran la “intachable y responsable actuación” del embajador español de la época, Máximo Cajal, “injustamente agraviado tantas veces”, y de su equipo de trabajo en el desempeño de sus funciones.

Exteriores destacó que el “permanente recuerdo” de aquellos “dramáticos acontecimientos” y el esclarecimiento de la verdad contribuyen “de forma muy significativa” a “dignificar la memoria de todas las víctimas y de sus familiares”.