Así se recoje en el informe sobre 'La Inversión Pública en España. Situación actual y Prioridades Estratégicas', aprobado recientemente por el Pleno de este organismo.

Para financiar este nuevo ciclo inversor, el CES sostiene que las Administraciones públicas deben aumentar el margen fiscal del que hoy disponen, lo que plantea la necesidad de aumentar la eficacia recaudatoria del sistema tributario.

En la misma línea, demanda incluir una regla de oro de la inversión en las normas europeas de estabilidad presupuestaria que permita financiar mediante deuda pública inversiones de probada rentabilidad social que estén alineadas con las prioridades estratégicas de la Unión Europea; y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos e instrumentos financieros europeos.

Asimismo, demanda reorientar la inversión pública para poder afrontar las transformaciones sistémicas que plantean los desafíos tecnológico y ecológico, lo que exige priorizar la inversión en activos intangibles como la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como en materia de descarbonización del sistema económico.

Por otro lado, a la hora de analizar los procesos inversores, pide a los poderes públicos que adopten “un enfoque amplio de la inversión pública que supere el reduccionismo de las convenciones económicas y contables vigentes, para incluir la inversión en capital humano, en capital natural y en capital institucional, así como la inversión realizada por el sector privado en colaboración con el sector público cuya rentabilidad social exceda ampliamente a la privada”.

Por último, apunta que es importante seguir invirtiendo en la mejora de la gobernanza de los procesos inversores públicos, para incrementar la eficiencia de las herramientas de gestión que han de emplearse a lo largo del ciclo de los proyectos, que normalmente involucran a una multiplicidad de agentes públicos y privados con distintas competencias e intereses.

En concreto, señala que se requiere una mejora de la regulación de la colaboración público-privada, que permita la realización de evaluaciones rigurosas ex ante y ex post de las inversiones sobre la base de los principios de eficacia, eficiencia y equidad.