Esta metodología, que servirá para establecer la retribución anual durante el próximo periodo regulatorio que comienza el 1 de enero de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2026, afecta a todos los sujetos que realizan la actividad de distribución de gas natural que se financian con cargo a los ingresos por los peajes y cánones establecidos por el uso de la red.

Este proyecto de circular se remite al Consejo de Estado una vez tomadas en consideración las observaciones formuladas por el Ministerio para la Transición Ecológica y por los agentes durante el procedimiento de información pública.

La metodología opta por la actualización para el próximo periodo regulatorio del modelo vigente basado en la actividad de las empresas, realizando un ajuste gradual durante el periodo regulatorio. Trascurridos veinte años desde que se fijó la base retributiva inicial, se calcula una reducción sobre la actividad del año 2000 dado que las inversiones que sostienen esa actividad están amortizadas.

Tras haber sometido al trámite de información pública el proyecto por segunda vez, entre el 3 y el 27 de diciembre de 2019, el ajuste se mantiene inalterado.

Así, la retribución del conjunto de las empresas, si la demanda no se modificase, se reduciría un 9,6% en el periodo, comparado con la que obtendrían con el modelo vigente. En 2026, último año del periodo regulatorio, el ajuste sería de 239 millones de euros.

Como novedad se establece la obligación de desarrollar un sistema de información regulatoria de costes de la distribución. En consecuencia, las empresas distribuidoras deberán llevar una contabilidad separada de los distintos regímenes económicos regulados. Esto permitirá al regulador disponer de una herramienta más potente y eficaz para contrastar si las empresas están recibiendo una rentabilidad adecuada.

Adicionalmente, se recupera el incentivo a la conexión de clientes industriales a la red para contribuir a la sustitución de combustibles más contaminantes. Asimismo, se introduce la realización de un análisis de costes para establecer si procede modificar los parámetros retributivos de la distribución de gas en territorios extrapeninsulares.