Junto al Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), propuso en concreto modificar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, a fin de añadir esta mención.

La demanda de Plena Inclusión trata de retomar una iniciativa que se presentó en 2018 y que obtuvo el acuerdo de muchas formaciones políticas, aunque quedó paralizada con el proceso electoral.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a iniciativa del senador Tomás Marcos, presentó ayer ante el Senado la proposición de ley de modificación de la mencionada ley.

La propuesta pide explicitar en el texto de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad y por tanto debe ser desarrollada adecuadamente.

La iniciativa contempla plazos básicos de exigibilidad con fechas límite entre 2022 y 2024 e incorpora el desarrollo de un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. También defiende la realización de estudios integrales sobre estos temas, la elaboración de un Plan Nacional de Accesibilidad Cognitiva y la creación de un Centro de Referencia Estatal.

En su último informe sobre España en abril de 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas mostró su preocupación por “la falta de avances en la aplicación de medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, y en particular personas con discapacidad intelectual y personas con autismo”.