Así lo indicaron a Servimedia fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero, que justifican el retraso en la creación de este órgano recordando que el Gobierno ha estado en funciones desde abril de 2019 y eso ha imposibilitado aprobar las partidas necesarias. Su puesta en marcha necesitará de una dotación a través de los Presupuestos de 2020, en los que Hacienda se encuentra actualmente trabajando, después de que en el pasado ejercicio se mantuvieran prorrogados los de 2018.

Para el diseño de las cuentas de este año, el Gobierno se encuentra en negociaciones con la Comisión Europea con el fin de, como ya sucediera en 2018 a su llegada a La Moncloa, flexibilizar la senda de estabilidad, recortando de una forma más gradual el déficit y disponiendo así de más recursos, lo que podría facilitar la creación de esta autoridad.

A falta de cerrar dicha negociación y aprobar la senda de estabilidad y el techo de gasto, la previsión es que el Ejecutivo presente los Presupuestos en el Congreso de los Diputados en febrero o marzo, con lo que podrían quedar aprobados en mayo o junio.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño había fijado entre sus prioridades para 2019 lanzar dicha autoridad, capaz de mediar en los conflictos con productos y servicios financieros e imponer sus dictámenes para acabar con la alta judicialización que estas quejas tienen en España.

Se ocuparía de dirimir las reclamaciones sobre todo tipo de productos financieros (créditos, seguros, inversión, tarjetas, etc), asumiendo las competencias que actualmente ejercen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, pero con capacidad para imponer sus resoluciones.

El carácter no vinculante de los departamentos de reclamaciones de los tres organismos supervisores hace, de hecho, que las entidades desoigan en muchos casos sus fallos, provocando que muchos casos acaben en los tribunales.

CREACIÓN COSTOSA

Su creación desde cero es costosa porque obligaría a reclutar a un gran equipo de profesionales de alta cualificación y, en su mayor parte con conocimientos legales, lo que ha frenado la puesta en marcha por dificultades presupuestarias.

La alternativa de montarlo uniendo los equipos especializados de Banco de España, CNMV y Seguros ayudaría a arrancar con un fuerte bagaje, pero se dibuja como una opción complicada por las diferentes condiciones laborales de cada organismo.

Entre los tres organismos tramitan al año casi 40.000 reclamaciones de clientes, ahorradores e inversores, y la expectativa es que la cifra se dispare cuando eche a andar la nueva autoridad porque tendrá capacidad para mediar, como una especie de árbitro, e imponer los dictámenes.

En la actualidad el Banco de España recibe y tramita casi siete de cada 10 reclamaciones vinculadas a productos y servicios financieros. A su ventanilla llegaron 19.695 expedientes durante el ejercicio 2018 –último con datos publicados-, frente a las 697 reclamaciones y quejas que resolvió la CNMV y los 10.383 expedientes de la dirección general de Seguros y Planes de Pensiones.