La razón que expone es que supuso un aumento de los costes salariales de entre el 7% y 22%, que ha resultado “inasumible para numerosas explotaciones por los escasos márgenes comerciales existentes”, ante la imposibilidad de repercutirlos en los precios dada la fuerte competencia en el mercado de países terceros.

Fepex pone de ejemplo al cultivo del tomate, “primero en volumen de producción de la agricultura española”, ya que su mano de obra significa el 45% del coste de producción y cuya superficie de cultivo se ha reducido un 20% esta campaña mientras que los precios caían un 18,44% de media en diciembre y se situaban en sus niveles más bajos en cinco años.

Según Fepex, los propios datos del Ministerio de Trabajo “han puesto de manifiesto que el paro registrado en el sector agrario ha aumentado en el año 2019”, especialmente en las categorías profesionales más bajas y es el sector productivo “que más ha sufrido la subida del SMI”.

Un nuevo aumento en 2020 tendría, según la federación un impacto “muy negativo sobre la viabilidad de determinados cultivos y explotaciones, así como sobre el empleo”, ya que el conjunto del sector hortofrutícola “se enfrenta a una situación crítica” dada la competencia de países a los que no se les exige que las importaciones cumplan las condiciones sociales, ambientales o fitosanitarias comunitarias.

Desde la Fepex defienden, en contrapartida, mejoras salariales “de forma gradual y acompasada por una mejora de la productividad” para que “no provoque una drástica reducción de empleo, desaparición de empresas y una fuerte pérdida de competitividad internacional”.