Según COAG, la inmensa mayoría de los profesionales agrarios que apostaron por la fotovoltaica financiaron sus inversiones en base a créditos que, en general, se solicitaron a un plazo de 10-15 años para llegar a la edad de jubilación con un ingreso extra que complementara la mermada pensión agraria (500 euros).

Con la entrada en vigor de la nueva normativa para esta tecnología renovable, que reduce un 30% las retribuciones económicas a la energía fotovoltaica mediante la limitación de las horas de funcionamiento con derecho a tarifa, los pequeños productores "no tendrán suficiente liquidez para afrontar los préstamos", añadió.

Además, COAG considera que estas modificaciones tendrán un impacto negativo sobre el empleo en el medio rural, ya que los huertos solares tendrán que reducir drásticamente sus gastos internos de mantenimiento, lo que incrementará las listas de parados provenientes del sector fotovoltaico, acarreando la pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo directos.

Finalmente, esta organización agraria criticó que, "tras el impulso y la intensa campaña divulgativa que Gobierno y las comunidades autónomas hicieron sobre el futuro de la energía fotovoltaica, ahora dejen en la estacada a miles de productores".

Por ello, a través de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), COAG impugnará los nuevos reales decretos ante el Tribunal Supremo. "Las consecuencias no las puede pagar el pequeño productor que ha invertido en un negocio regulado, a largo plazo, con unos márgenes muy ajustados (compartidos con los bancos y Hacienda), confiando en la seguridad que ofrecía el Estado y con la esperanza de tener una jubilación digna", dijo Miguel Padilla, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.