En el acuerdo, firmado por las portavoces parlamentarias de ambos grupos, Adriana Lastra e Irene Montero, se sientan las reglas del juego que quieren desarrollar para dar visos de continuidad en el tiempo, según fuentes consultadas por Servimedia, al futuro Gabinete de coalición que nombrará Pedro Sánchez la semana que viene.

El texto, de cinco páginas, arranca subrayando como primer compromiso que el “Gobierno progresista de coalición” se regirá por los “principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad”.

Acto seguido, se remarca que la “acción del Gobierno de coalición se desarrollará en todo momento en pleno respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, de manera que no caben apuestas por referéndum -como defienden desde Podemos- porque no están amparados por la Carta Magna.

Además, se asegura que, en particular, se “cumplirá lo previsto en el artículo 98 de la Constitución y en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno”. Dicho precepto constitucional es el que se dice, entre otras cuestiones, que “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”. Eso supone dejar claro que la acción del Ejecutivo la fija el presidente y aleja el desarrollo de ‘dos Gobiernos en uno’.

Asimismo, según el protocolo de la mesa de seguimiento del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, “los ministros respetarán sus ámbitos competenciales propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendado por el Consejo de Ministros”