El colectivo emitió un comunicado después de que el pasado mes de diciembre Bolivia expulsase a la encargada de Negocios y al cónsul español en Bolivia, en el que destacó que éstos son “profesionales de la función pública que sirven al Estado y desarrollan su trabajo de acuerdo con la ley, los principios constitucionales de objetividad, jerarquía y eficacia, y conforme a las instrucciones recibidas, y, en ningún caso, de espaldas al Departamento”.

A ello añadió que sus acciones cuentan “con plena adecuación al Derecho Internacional y particularmente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Esto le sirvió para dejar claro que los dos funcionarios afectados tienen una “impecable” trayectoria profesional, aseverando que su declaración de ‘persona non grata’ se ha producido como consecuencia de “medidas unilaterales y hostiles adoptadas por el Gobierno transitorio de Bolivia que nada tienen que ver con su valía ni con el normal desempeño de sus funciones diplomáticas en aquel país”.