El documento rubricado este lunes por ambos residentes del PSOE y Unidas Podemos desglosa a lo largo de 50 páginas una batería de actuaciones para, según reza el texto, “dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto” y donde Cataluña ocupa apenas dos puntos.

Gran parte del pacto acuerdo para un “gobierno progresista de coalición” de marcado tinte social, se centra en abolir los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Si bien era una iniciativa esperada, su redactado va más allá y habla de recuperar “los derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012”, impulsando “en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras” y restableciendo “el papel de los convenios colectivos”.

En la letra pequeña detallan la intención de impedir el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad o abolir la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, junto a distintas iniciativas para combatir el fraude laboral. Bajo prisma laboral garantizan también subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar “el 60% del salario medio en España”, previa convocatoria de la mesa del Diálogo Social como había defendido Sánchez.

Pero el texto anuncia que para ello se tendrá en cuenta al efectuar los análisis indicadores como el índice de precios de consumo, la productividad o la coyuntura económica general. Tampoco hay novedad sobre pensiones, aunque deja claro que darán carpetazo al índice de revalorización del 0,25% abolido en el último Consejo de Ministros –también herencia del PP- con el compromiso de asegura su revalorización por ley y conforme al IPC real.

PAGAR MÁS QUIENES MAS INGRESAN

En el acuerdo se consagra también la idea de crear un “Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social” para familias vulnerables primero y con bajos ingresos después, y Unidas Podemos logra amarrar demandas fiscales como que paguen más quienes más ingresan o intervenir en el mercado del alquiler para que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan frenar "las subidas abusivas” en las zonas “previamente declaradas tensionadas".

Así, el texto recoge las medidas que ya habían sido incluidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, como la subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros y 300.000 euros anuales; el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades; la rebaja para las pymes de ese mismo impuesto, del actual 25% al 23%; la creación de las tasas Google y Tobin; así como diversas medidas de lucha contra el fraude.

Además, incluye otras iniciativas ya conocidas como la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina y a los servicios veterinarios; la reforma del régimen jurídico y fiscal de las Socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos; medidas en materia de fiscalidad verde; y aumentar el control sobre las Sicav.

REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA

Gran parte de los once ejes en los que se estructura el acuerdo tiene marcado contenido social. El PSOE y Unidas Podemos promete mejorar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para impulsar una “reducción drástica” de las listas de espera para acortarlas, al menos, en un 75% a lo largo de la legislatura. También aprobarán la estrategia nacional contra la soledad de los mayores, un plan que ya va con retraso para los dos millones mayores que viven solos en España.

Se prevé el “blindaje” del sistema público de salud y con la eliminación “progresiva” de los copagos introducidos en 2012, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de “mayor vulnerabilidad”.

En lo que se refiere a Educación, el Gobierno de coalición dejará de sufragar con fondos públicos a los colegios concertados que aún segreguen por sexos, según consta en el acuerdo, y derogarán la Lomce para aprobar “una Ley Básica de Educación” que “blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”.

Como novedad, el acuerdo asume que las parejas de mujeres ya no tendrán que oficializar su relación para inscribir a sus hijos en el Registro, al establecer el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y dotar de protección jurídica a “las nuevas formas de convivencia estables”; y se comprometen a estudiar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a los jóvenes de 16 y 17 años.

Queda fijado igualmente su intención de regular de forma “urgente” los juegos de azar para “prevenir y frenar” la ludopatía así como a aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.

CONFLICTO CATALÁN

Sobre lo que definen sobre el papel como “conflicto político catalán”, el compromiso es abordarlo desde “el diálogo”, pero a la vez sostiene que todas las comunidades autónomas han de poder ejercer "un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general" y que la bilateralidad debe estar presidida por la "lealtad".

En dos puntos el texto apunta que se abordará “el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", y garantizan dar “cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional” y traspasar a la Generalitat “aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña” en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el empleo y la formación profesional.

El gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se compromete a sustituir "a la mayor brevedad" la 'Ley Mordaza' y eliminar el artículo 315.3 del Código Penal, que establece delitos de cárcel para los integrantes de piquetes en huelgas.

El acuerdo incluye también el compromiso de poner en marcha un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y consagrará el 31 de octubre como día de recuerdo a ellas y el 8 de mayo como día de homenaje a las víctimas del exilio; junto a la limitación del aforamiento de los políticos a las funciones propias de su cargo.