Así se recoge en el documento ‘Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España’, presentado por ambas formaciones y según el cual también establecerán las “garantías” para que no puedan introducirse otros nuevos copagos “que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas”, incluidos los copagos por el transporte sanitario “no urgente”, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, mediante la derogación de los correspondientes artículos en el RD-Ley 16/2012.

Para avanzar en el “blindaje” del sistema público de salud, ambos partidos revisarán la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que “abren la puerta” a privatizaciones del sistema.

También impulsarán la recién creada Comisión, integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha ley en el plazo de seis meses.

Por otro lado, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, se comprometen a incrementar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar una inversión “propia de otros Estados de la zona euro” durante la legislatura y lograr el 7% del PIB en 2023.

En paralelo, prometen adoptar las modificaciones normativas, legales y reglamentarias “necesarias” para garantizar la “efectividad” del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud y recuerdan que el RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley que derogue “definitivamente” el RD-Ley 16/2012.

Asimismo, se comprometen a “avanzar” en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con medidas a “corto plazo” para resolver el “déficit” de planificación en materia de recursos profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural.

Junto a ello, muestran su afán por desarrollar un sistema que implique el “reconocimiento y garantía” de un “derecho subjetivo” a la atención temprana “integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en virtud del lugar de residencia” y su objetivo de integrar en la planificación de la cobertura sanitaria universal a las enfermedades raras, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas.

Además, insisten en su intención de introducir “progresivamente” la Atención a la Salud Bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para lo cual también elaborarán un plan de Salud Bucodental que establezca las prestaciones a su cargo.

Por otra parte, según el documento, el nuevo Gobierno actualizará la Estrategia de Salud Mental con el fin de construir un “verdadero” sistema de atención, con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los pacientes crónicos.

En este punto, ambas formaciones prestarán “especial atención”, en colaboración con las comunidades autónomas, al diseño y desarrollo de una estrategia de prevención de la conducta suicida, que incluya un protocolo “especial” de actuación y que prevea la puesta en marcha de un teléfono de atención público, entre otras medidas.

Asimismo, el texto recoge la voluntad de PSOE y Unidas Podemos de apostar por la digitalización sanitaria e impulsar la renovación de la tecnología sanitaria así como por priorizar la eficiencia y la transparencia en la fijación de los precios de los fármacos, aumentar los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y mejorar las condiciones del personal sanitario favoreciendo el retorno de los profesionales que tuvieron que emigrar.