La Sala Segunda deberá valorar los escritos de la Fiscalía, la defensa de Junqueras y la Abogacía del Estado y tomar una decisión. Mientras que el Ministerio Público sostiene que el líder de ERC debe continuar en prisión, para lo cual solicita que el Supremo pida lo antes posible la suspensión de su inmunidad al Parlamento Europeo, la defensa del acusado cree que la decisión del TJUE es argumento suficiente para acordar la nulidad de todo el proceso.

La Abogacía del Estado, que ha presentado su escrito este mismo lunes, entiende que Junqueras está protegido por la inmunidad parlamentaria en tanto la Junta Electoral Central no anule su mandato en virtud de la condena firme que pesa sobre él o que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el caso, tras la solicitud del correspondiente suplicatorio.

Mientras ninguna de esas condiciones se produzca, la representación jurídica del Estado cree que hay que permitir a Junqueras tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo y ejercer sus funciones plenas como eurodiputado.

La decisión a la que se enfrenta el Tribunal Supremo es compleja. En primer lugar debe decidir si la inmunidad tendrá efectos sobre la situación Junquera a partir de la condena. Es poco probable que el tribunal acepte la anulación del juicio y su repetición, como solicita la defensa, aunque tampoco es descartable que rebaje las pretensiones de la Fiscalía cuya tesis en defensa de la rebelión no salió vencedora.

En caso de que el TS permita la excarcelación de Junqueras, se deberán tomar medidas de seguridad, que incluso podrían ser consensuadas con el Parlamento Europeo, tal y como sugiere la Abogacía, para que Junqueras pudiera ejercer sus labores de europarlamentario al tiempo que quedara garantizado el cumplimiento de la sentencia, para el momento en que se solicite el suplicatorio. El Supremo no tiene un plazo preciso para tomar su decisión.

A partir de ahora, las defensas prepararán nuevos recursos ante la justicia española y las instancias europeas. Sus próximos pasos se dirigirán al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a los que recurrirán para denunciar la presunta vulneración de derechos fundamentales de los líderes independentistas.