La pregunta, firmada por su diputado Edmundo Bal, quien fue abogado del Estado hasta que el Gobierno le cesó precisamente por discrepancias sobre si el delito de los líderes independentistas catalanes fue rebelión o sedición, se ramifica en seis.

Las tres primeras son: “¿Ha facilitado el Gobierno en funciones dicha información a los responsables políticos de Esquerra Republicana?”. “En tal caso, ¿por qué motivo?”. “En caso contrario, ¿tiene el Gobierno en funciones conocimiento sobre el modo en que Esquerra Republicana ha tomado conocimiento de la opinión de la Abogacía del Estado antes de la publicación oficial de la misma?”.

Además, Bal pregunta en general: “¿Tiene el Gobierno en funciones intención de asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales de sometimiento a la Ley y el Derecho por parte del cuerpo de Abogados del Estado, sin que puedan existir interferencias de ningún tipo?”. “En tal caso, qué medidas pretende implementar a tal fin?”. Y, por último, “¿tiene el Gobierno en funciones conocimiento de que se haya producido algún tipo de injerencia o presión a la Abogacía del Estado con objetos meramente políticos o de otro tipo?”.

Ayer, ERC dio a entender que estaba de acuerdo con el enfoque del escrito de la Abogacía sobre la inmunidad de Junqueras, que, como se conoció públicamente hoy, avala que el presidente de ERC salga de la cárcel para tomar posesión como eurodiputado y acuda a las sesiones hasta que el Parlamento Europeo apruebe, en su caso, el suplicatorio del Tribunal Supremo para que reingrese en prisión.

El Tribunal de Justicia de la UE avaló esta posición al sentenciar que Junqueras es eurodiputado porque obtuvo su escaño en las elecciones de mayo, pese a que no pudo tomar posesión del mismo al hallarse en prisión preventiva por el juicio que le condenó definitivamente en octubre.