Éste es el diagnóstico que la Fundación Cermi Mujeres hizo este sábado en un comunicado. Para esta entidad, esa ley significó "el inicio de una acción legislativa y de una política pública específica contra la violencia hacia las mujeres" y añadió que, aunque "tímidamente", consideró a las mujeres con discapacidad.

Sin embargo, recalcó que debe ser reformada 15 años después para que "el marco normativo conciencie, prevenga y defienda a todas las mujeres y niñas, adecuándolo a su realidad de partida y a sus peculiaridades personales y grupales".

"Las mujeres y niñas con discapacidad deben ser conceptuadas legalmente como grupo femenino especialmente expuesto a la violencia, y merecer una protección reforzada, debiendo incorporar la Ley, con vistas a una próxima y urgente reforma, un enfoque interseccional de género y discapacidad", añadió.

La Fundación Cermi Mujeres propuso ampliar las formas de violencia consideradas legalmente como de género –como la esterilización no consentida, el aborto coercitivo y la institucionalización forzosa- e incluir su ámbito protector, pues son también víctimas los hijos, más si presentan una discapacidad.

Garantizar la accesibilidad universal de todos los mecanismos y recursos de atención y apoyo e introducir ajustes de procedimiento en los procesos judiciales, administrativos y policiales para que el acceso a la Justicia y la tutela de los derechos a la integridad y a la indemnidad sean efectivos son otras propuestas que la Fundación Cermi Mujeres viene reclamando al Gobierno y al legislador para una futura revisión de la ley.