El Impuesto de Patrimonio se restableció en 2011 de forma temporal para mantenerlo en vigor dos años debido a la necesidad que entonces había de reforzar los ingresos públicos para asegurar la estabilidad de la economía.

Sin embargo, el impuesto lleva prorrogándose anualmente desde entonces, argumentando que, debido a “las necesidades presupuestarias”, sigue siendo necesaria su vigencia para la consolidación fiscal.

El fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Unidos Podemos incluyó una modificación de este impuesto, por la que se incrementaba la tributación a partir de los 10 millones de euros, con la que el Ejecutivo estimaba ingresar 339 millones adicionales a las arcas públicas.

El Impuesto de Patrimonio, creado inicialmente con carácter temporal en 1977, pasó a ser permanente en 1991, pero en 2008, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue suprimido al considerarse que no alcanzaba de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado, pero en 2011 volvió a ser recuperado de carácter temporal.

Además, según indicó la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el real decreto incluye otras medidas en materia fiscal como la prórroga de los límites de exclusión para tributar de los trabajadores autónomos, manteniendo los que ya tenían; así como la actualización de los índices catastrales a través de los coeficientes de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020.

Este real decreto, que tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, tiene lugar debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ya que no se han presentado unos para 2020.