En un comunicado, indicó ante la información de la Ser que señala que el borrador del ministerio incluiría esta modificación, que "la atención y primera acogida de los niños, sean cuales sean sus orígenes, es por mandato de los estatutos de autonomía competencia exclusiva de cada comunidad, como también remarca la normativa básica referente a la adquisición de la tutela".

"Un protocolo con rango de reglamento y por ende supeditado a lo que marquen las leyes orgánicas y de cada comunidad autónoma no puede venir a establecer un nuevo sistema de protección de la infancia para los niños en situación de origen migrante", recalcó. A su juicio, "hacerlo sería inconstitucional y contrario al actual reparto de competencias entre comunidades y Estado.

Además, destacó que sería "un elemento de discriminación hacer entrar a los menores no acompañados por otro sistema distinto al ya existente en las comunidades autónomas, a la vez que un retroceso y una actuación que desde la Red Española de Inmigración impugnaríamos en nombre y defensa de la infancia migrante".

"Provocaría evidentes distorsiones", prosiguió, y sería "un gasto innecesario, cuando existe otro mecanismo ya utilizado en 2018 es como la aportación extraordinaria de fondos para apoyar a las autonomías en la gestión del incremento de llegadas de estos menores". Desde la Red Española de Inmigración ya se ha establecido contacto con el área correspondiente del Ministerio de Sanidad, a fin de exponer esta postura.