La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "en Canarias hay muy poca lluvia", por lo que conviene "impulsar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, no sólo para reducir el precio del agua, sino también para garantizar la calidad de la misma".

El real decreto aprobado regula esa concesión directa con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, con la finalidad de abaratar el precio final del agua potable para el consumo doméstico.

Desde 1983, el Gobierno ha subvencionado en varias ocasiones la actividad de desalación de agua de mar en Canarias para abaratar el precio final del agua potable e intentar aproximarlo al precio medio de la península. La gestión en la obtención y el suministro de agua potable plantea importantes costes que se ven acentuados en los territorios insulares con escasas precipitaciones, como sucede en Canarias.

CONDICIONES

En virtud del real decreto, el Gobierno de Canarias deberá desarrollar un programa de ayudas bajo la modalidad de concurrencia competitiva con el fin de garantizar la gestión eficiente del agua. En él se recogerán las actuaciones concretas objeto de financiación y los importes máximos para cada clase de actuación. Serán financiables las actuaciones que se desarrollen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Los beneficiarios finales de esta subvención podrán ser las entidades locales o empresas públicas o concesionarias que, en el territorio del archipiélago, sean o hayan sido titulares del servicio público de abastecimiento de agua o de su explotación, así como las que viertan o hayan vertido agua, obtenida a través de un proceso de desalación de agua de mar, a la red de distribución para el consumo doméstico.

Esta aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que obtenga el Ejecutivo canario para la misma finalidad o una similar procedentes de cualquier administración pública, de otros entes públicos o privados, de la UE o de otros organismos internacionales.