El tribunal da la razón a UGT y CCOO, que presentaron recurso contencioso administrativo por entender que el real decreto por el que se creaba esa comisión se aprobó sin realizar la consulta previa con los representantes de los trabajadores, como establece la Ley, y sin incorporar a los representantes de los trabajadores en la misma.

El Supremo considera que no consultar el Real Decreto perjudica los intereses y derechos legítimos de los ciudadanos y de las organizaciones que los representan.

La sentencia resalta la relevancia constitucional de las organizaciones sindicales, en su defensa de los derechos de los trabajadores y reconoce que "la contratación pública puede promover oportunidades de 'empleo, trabajos dignos, etc., y el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores' y los sindicatos son sus principales promotores.

La comisión, que se constituyó el 6 de abril de 2019, proclamó entre sus objetivos avanzar todo lo posible hacia una contratación pública socialmente más responsable y sostenible, que promueva mayores oportunidades de inclusión social de accesibilidad y un mayor cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y de los derechos sociales de las mismas y de los mismos, lo que sin duda entra de lleno en el objeto de nuestra política sindical y por tanto, en el contenido esencial del derecho de libertad sindical del que somos los mayores artífices de su defensa.

Entre otros miembros de la Comisión Interministerial, se encontraban: un representante del Consejo Nacional de la Discapacidad, elegido de entre los vocales correspondientes a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, designado por su Presidente, y un representante de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, elegido de entre los vocales correspondientes a la Plataforma del Tercer Sector, designado por su Presidente.

"Esta composición dejaba fuera a los sindicatos más representativos cuando en las propias normas comunitarias, y en la normativa estatal, nuestra necesidad de intervención no deja lugar a duda. Lo que, sin duda, nos llevará a seguir reclamando nuestra participación en la misma", señala UGT en una nota.