Según la Fiscalía, la dirigente independentista habría incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad documental, que pueden ser sancionados con muchos años de prisión. Su imputación y la probable inhabilitación de Quim Torra por un delito de desobediencia dejaría descabezada a JxCAT en vísperas de un probable adelanto electoral en Cataluña.

La Fiscalía pidió al Supremo que investigara a la portavoz de JxCAT Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de un total de 18 contratos por valor de 259.863 euros entre 2013 y 2017, cuando ella dirigía la Institució de las Lletres Catalanes. En caso de que el TS vea indicios suficientes para abrir una investigación, pasará a pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La dirigente de JxCAT se ha visto implicada en este asunto como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que tras hallar indicios de delito remitió la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo, la instancia judicial que puede juzgar a los aforados.

La jueza catalana considera que Borrás "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" todos esos contratos a Isaías H., un programador informático de su confianza, con el que se puso de acuerdo para “defraudar" a la institución que dirigía mediante la "falsificación de presupuestos".

Según el ministerio público, la diputada "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto y certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago". Para avalar esta tesis, los fiscales aportan correos y conversaciones telefónicas intervenidas en las que a Isaías H. reconocía que tenía “trapis” con “la jefa” (Borrás), que le permitían cobrar facturas que no correspondían al pago de trabajos reales.