Hasta 2014, contribuyeron únicamente los tres mayores grupos de comunicaciones electrónicas de España (Telefónica, Vodafone y Orange), y a partir de entonces, tras la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, contribuyen al fondo todos los operadores con ingresos anuales superiores a más de 100 millones de euros, excluidos costes mayoristas.

Los 16,78 millones de euros del ejercicio 2016 suponen un 2,2% menos que el año precedente y el octavo año consecutivo de descenso de esta financiación, desde los 74,9 millones que abonaron en 2008.

De los 16,7 milllones, Telefónica tendrá que pagar la mayor parte, el 31%, con 5,2 millones, seguida de Orange (19%, 3,2 millones) y Vodafone (17,1%, 2,8 millones).

El resto de compañías que tendrán que costear el servicio universal son Telefónica Móviles (16,8%), Vodafone ONO (5,3%), Xfera Móviles (2,9%), OSFI (1,7%), Euskaltel (1,3%), Retevisión (1,2%), R Cable (1,0%), BT España (0,9%), Colt Telecom (0,7%), Lycamobile (0,7%) y Telecable de Asturias (0,6%).

Telefónica fue el operador obligado en el ejercicio 2016 a la prestación de los servicios integrantes del servicio universal de telecomunicaciones consistentes en el suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas, la prestación del servicio telefónico disponible al público, el servicio de guías y tarifas especiales para usuarios con discapacidad o con necesidades sociales especiales. Asimismo, TTP, empresa del grupo Telefónica, fue el operador obligado a suministrar una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.