Así lo dijo la subgobernadora del organismo durante su intervención para inaugurar una conferencia sobre cambio climático que acogió este miércoles el Banco de España en su sede.

Delgado alertó de que “no hay tiempo para la procrastinación” con el cambio climático y que ya se ha entrado en el tiempo de descuento en un partido cuyo marcador “no nos favorece en este momento”.

Esta responsable del organismo incidió en que la transición hacia una economía baja en el uso del carbón debe ser “justa” para los sectores económicos más afectados.

Relató que este proceso afecta al sector financiero en cuanto a los riesgos financieros que asume con el cambio climático y la transición y por el papel que juega para canalizar la financiación necesaria para cumplir con las “grandes inversiones” que requiere el cumplimiento del Acuerdo de París.

Aunque también dijo que esta transición energética entraña oportunidades para el sector como es la propia financiación sostenible, que “está creciendo”.

Delgado citó un cuestionario de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) de junio de este año, según la cual, el 90% de los bancos encuestados han desarrollado un plan para poner en marcha productos verdes o servicios basados en criterios medioambientales.

No obstante, apuntó que todavía existe una falta de inversión estimada en 180 billones de euros por año para cumplir el Acuerdo de París.

Por otra parte, la subgobernadora se refirió a los supervisores para el “sistema financiero verde” dentro de la red de bancos centrales para señalar que ya son 50, dentro de las iniciativas que se han llevado a cabo.

El Banco de España está analizando la posible implicación del cambio climático para la estabilidad del sistema financiero español, desarrollando metodologías y evaluando la falta de datos. En este sentido, señaló que todavía hay “obstáculos” y “cambios metodológicos” que se tienen que superar y que incluyen un horizonte “largo e incierto” en el que deben ser aplicados para evaluar estos riesgos y la conclusión de una taxonomía que distinga qué se considera “verde” y qué se considera “marrón” en el ámbito medioambiental.