Esta iniciativa contó con el voto favorable de Unidas Podemos y Más Madrid y la abstención del PP, Vox y Ciudadanos. El texto elaborado por los socialistas pretende “contribuir a la mejora de la calidad democrática y al consiguiente refuerzo de la seguridad y la confianza en las instituciones” y defiende que la comunicación y la publicidad “sean utilizadas en exclusivo interés de quien sufraga las campañas con sus impuestos, es decir, que la ciudadanía”.

En la proposición se expone que las actuaciones publicitarias y de comunicación “deben obedecer a los principios de transparencia, lealtad institucional, buena gestión, eficiencia, accesibilidad, utilidad pública, necesidad, veracidad, neutralidad política, igualdad e interés público”.