Según explicó CSIF en una nota, esa decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona se basa en que “no se ajusta a derecho y abre la puerta a que personal interino ejerza en la educación secundaria sin la titulación requerida en toda España, como es el Máster de Secundaria. La citada resolución todavía estaba en vigor”.

La central sindical recurrió este proceso de selección al entender que “la Generalitat pretendía instaurar un sistema de selección que primara la lengua catalana a costa de la capacitación profesional docente”. “El juzgado nos ha dado la razón, si bien la sentencia todavía es recurrible”, indicó.

La sentencia recuerda que el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial establece que “será necesario estar en posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica”.

La magistrada recuerda además que la propia administración catalana aprobó las bases de las convocatorias de concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo como personal interino, en desarrollo de la citada Ley Orgánica 2/2006. La comparación entre la Ley y el citado sistema de selección de personal en Cataluña pone de manifiesto –subraya la sentencia- que “no se ajusta a derecho” y no se justifica por falta de personal adecuado o de plazas suficientes en la Universidad para impartir los estudios, como esgrime la Generalitat.

CSIF recuerda que hay un número de titulados universitarios con el máster habilitante en toda España que podrían ejercer la labor docente de manera óptima y ajustada a derecho. “Esto evidencia la injusticia de que hay comunidades autónomas que compiten en desigualdad de condiciones para el acceso al empleo público debido a las lenguas cooficiales, que debieran ser mérito y nunca requisito”, añadió el sindicato.

La nota también recordó que “la Generalitat ya intentó echar por tierra la regulación estatal en el pasado, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que determina las condiciones de formación”. “En este sentido, el Alto Tribunal resolvió en 2014 la constitucionalidad, vigencia y aplicación en todo el Estado de esta normativa”, concluyó la nota.