Así lo puso de manifiesto este miércoles el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, a través de un comunicado en el que consideró “prioritario” conseguir una legislación que garantice la igualdad de trato, la no discriminación y la “eficacia” contra los delitos de odio.

En esta línea, abogó por una reforma del Código Penal que “universalice” la protección de las víctimas y que se “enfrente” al crecimiento de los “actos graves de intolerancia” originados por la “radicalización extremista”, el ultranacionalismo y el “fanatismo identitario” que, a su entender, “se viene observando”.

Según Ibarra, la organización “aspira” a que unas trescientas entidades estén representadas en la convención nacional de marzo y no descartó la movilización en el caso de que no sean atendidas sus pretensiones.

Por su parte, el representante de Impulso Ciudadano, José Domingo, subrayó que las entidades firmantes defienden que la “mejor garantía” de la convivencia democrática en la España de hoy es la Constitución de 1978 y por ello quieren “reforzar su vigencia y hacer valer” que la Carta Magna “solo sea reformable desde la voluntad soberana del pueblo español”.

La Convención trabajará, principalmente, por la defensa de la “igual dignidad” de la persona, la “universalidad” de los derechos humanos y la “convivencia democrática” en el marco de la Constitución Española.

Asimismo, tratará de “impulsar” el compromiso con la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la tolerancia y promover “medidas concretas y eficaces” en la lucha contra toda forma y manifestación de intolerancia.

Junto a ello, entre otras acciones, contribuirá a desarrollar una cultura y convivencia “humanista” y una educación cívica “responsable y comprometida” con los principios y valores constitucionales, la tolerancia y los derechos humanos, así como una comunicación que rechace la desinformación.

Las veinte entidades sociales continuarán, además, luchando por la aprobación de una Ley General de Igualdad de Trato y No Discriminación, una Ley Integral contra los Delitos de Odio y una legislación específica relativa a las diferentes formas de intolerancia.

En las próximas semanas nombrarán una comisión gestora que aprobará las mesas de debate y las líneas de acción conjunta y ya han reclamado al nuevo Gobierno “sensibilidad” con los puntos principales de la Convención que, según puntualizaron sus ideólogos, se resumen en la “defensa de la dignidad de las personas, la universalidad de los derechos humanos, la convivencia democrática y los principios y valores de la Constitución Española”.