En el escrito se manifiesta la “más rotunda condena y repulsa al atentado” y se pide que la Asamblea se solidarice “con los niños y niñas que son víctimas de los discursos de odio, así como con los trabajadores y trabajadoras de la institución”.

Se pide la “condena sin ningún reparo de los discursos de odio de quienes criminalizan y señalan a los más vulnerables de nuestra comunidad, que constituyen un caldo de cultivo para todo tipo de agresiones”.

En la propuesta de declaración se “recuerda que son los poderes públicos los responsables de garantizar los derechos a la infancia en nuestra región, sin distinguir por origen o procedencia, para que puedan vivir dignamente, y de dotar de recursos públicos al sistema de protección de la infancia en base al interés superior del menor y la Convención Internacional de los Derechos del Niño de NNUU”.