Así lo sostiene AFI en un informe, en el que señala también que el país está registrando progresos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la intensidad energética y aumento de la generación de fuentes renovables.

Sin embargo, añade que "son necesarios” progresos más rápidos, en la línea de las acciones que viene planteando la UE para que se acelere la transformación en curso hacia una economía baja en carbono, lo que requiere aumentar el peso de las fuentes renovables en la generación de energía.

En cuanto a las vulnerabilidades españolas, señala que la mayor exposición al aumento de las temperaturas y las alteraciones asociadas ya son perceptibles con un aumento de las anomalías cálidas respecto al período 1971-2000. Añade que este impacto sobre algunas regiones como Andalucía o Extremadura podría ser particularmente intenso.

Sobre la gran extensión de costa, con particular atención al Mediterráneo, explica que los efectos de aumento del nivel del mar y perturbación en la biodiversidad se espera que sean más elevados.

Además, en relación con la sequía, indica que el coste económico en términos de impacto sobre la producción agrícola y la generación de energía hidroeléctrica será considerable y más elevado que los costes registrados en episodios anteriores de sequía severa (que se sitúan en una o dos décimas de PIB).

Asimismo, alerta de que, si las sequías llegaran a ser catastróficas, los costes podrían aumentar de manera no lineal, afectando a sectores como el turismo.

Por el contrario, destaca que España tiene una ventaja comparativa en términos de recursos renovables (radiación solar), que deberían explotarse para facilitar la adaptación.