Así lo ha establecido la Comisión Europea en un artículo 501 de nueva redacción incorporado el pasado mes de junio a la regulación de solvencia (CRR2) cuya entrada en vigor está prevista para abril del 2021, si bien debe aún superar el proceso legislativo.

La normativa donde se inserta se encuentra en fase consultiva y exigirá la trasposición al ordenamiento jurídico nacional. Quedan muchos flecos pendientes para que su aplicación pueda ser efectiva, pero todos los reguladores, la banca e, incluso, los inversores están ya en dicha clave, en parte, empujados por lo que se ha convertido en una demanda social.

Según el socio de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento de KPMG en España y responsable de Empresa Familiar de la firma, Ramón Pueyo, hay ya 30 billones de dólares invertidos a escala mundial en activos considerados como sostenibles, lo que equivale a multiplicar por 27 veces el PIB o la riqueza española.

Además, existe alrededor de un billón de dólares en bonos sostenibles y cerca de 100.000 millones en bonos considerados igualmente como sostenibles. Cifras que en todos los casos ponen en evidencia la importancia de la tendencia, máxime si se tiene en cuenta que el valor de las empresas cotizadas de todo el mundo ronda los 80 billones y la tendencia es a más.

El director de servicios de consultoría del sector financiero de KPM en España, Pablo Vañó, explicó que la sensibilidad es tal que las empresas están suscribiendo voluntariamente programas que les comprometen con la lucha contra el cambio climático, con independencia de que sus países no los hayan firmado en ciertos casos o no existe una definición clara de qué se considera como tal.

De hecho, la usencia de definiciones específicas hace que ni las agencias de rating o de calificación coincidan en las valoraciones de este riesgo. Mientras que las agencias de rating coinciden en más del 90% a la hora de fijar notas de solvencia, en el caso de la sostenibilidad medioambiental lo hacen al 60% y puede ocurrir que una firma considere como sobresaliente algo que para otra resulte insuficiente.

MÁS DE 30 MILLONES DE DÓLARES EN INVERSION SOSTENIBLE

Precisamente, la Unión Europea trabaja en paralelo con Bruselas en la creación de una taxonomía específica que definirá qué se entiende por sostenible y cómo debe computar cada actuación, operación o medida, incluso para el cálculo del capital.

Los reguladores han puesto el foco de manera especial en la banca para evitar la asunción de riesgos excesivos y, sobre todo, porque es el mejor canal para favorecer la transformación medioambiental. “Todo esto trata de empujar al sector financiero y que el sector financiero empuje la transformación de la economía”, explicó a su vez el socio responsable del Sector Financiero de KPMG en España y Senior Partner de KPMG Abogados, Francisco Uría.

La palanca para empujar la contribución de la banca pivota sobre el activo más preciado: su capital, y podría hacerlo en la doble dirección. Con la regulación apuntada establecerá bonificaciones a las buenas prácticas y por otro no es descartable que fije penalizaciones en caso contrario ya que el Banco Central Europeo (BCE) ya anticipó en junio que incluirá el riesgo medioambiental en los test de estrés, abriendo la puerta a que se sancionen las exposiciones contaminantes.

En el futuro los bancos no solo deberán mediar y reportar estos nuevos riesgos, sino que se tendrán que rendir cuenta sobre sus modelos de gestión de los mismos, crear comisiones específicas para su administración e, incluso, involucrar de forma directa a su cúpula en esta tarea.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) también ha lanzado ya unas guías para garantizar que las entidades incluyan factores medioambientales, sociales y de gobernanza en la originación de los préstamos y en sus políticas de gestión de riesgos. Los primeros reportes están previstos para mediados del próximo año, aunque sean meros informes sin su cuantificación a la espera de que se cuente con la taxonomía necesaria.