Según informó este jueves la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), el órgano fiscalizador ha tomado esta decisión tras pedírselo la propia SCC, así como la entidad Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) y la Fiscalía.

La resolución del Tribunal de Cuentas lleva fecha de 21 de noviembre y cita por el 1-O a Puigdemont, Junqueras, así como a otras personas relacionadas con la organización del referéndum ilegal de 2017. Este los citados están también Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull o Joaquim Forn.

Estos exmiembros del Ejecutivo catalán deberán comparecer ante el órgano fiscalizador el 28 de enero de 2020 y se les requerirá para paguen o avalen el dinero gastado en la consulta ilegal de hace dos años. En caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes.

“HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO”

SCC señaló que esta citación se produce después de que esta entidad y ACC denunciasen a los responsables de la organización “de la jornada ilegal del 1 de octubre de 2017 con la finalidad de que devolvieran el gasto que conllevó, tal y como también hizo la Fiscalía en el mismo momento”.

En este sentido, SCC se refirió a que la “auditoría del procés” debe ser un asunto pendiente “en cualquier escenario de dialogo que se establezca estos días”, en referencia a los contactos del PSOE con otros partidos para lograr la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del pasado 10-N.

Para esta asociación, es “absolutamente necesario” que los responsables del proceso independentista “paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo”, ya que es una iniciativa “que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica”.