Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación durante el transcurso del pleno, donde apuntó que el pasado viernes, 22 de noviembre, se les comunicó dicha decisión a los 'okupas'. Si no lo hacen, continuó, “tendríamos que iniciar el procedimiento administrativo oportuno para comenzar el proceso de lanzamiento de las personas que, de forma no voluntaria, no quieran salir de ese edificio”.

Fuentes explicó que el inmueble tiene un “serio problema estructural” y recordó que es un edificio de titularidad municipal desde el año 2011, en el que “se acometieron una serie de obras para garantizar la estabilidad de las zonas comunes y de la caja de escalera”.

El delegado comentó que durante estos meses se han realizado diferentes inspecciones para comprobar la estabilidad y el estado del inmueble y “se ha comprobado en las últimas visitas que se han eliminado una serie de apuntalamientos que estaban ahí para garantizar la estabilidad”.

Ante esta situación, “se han dictado una serie de informes técnicos en el que aconsejan el desalojo del inmueble”, porque “no se puede garantizar la seguridad de las personas que están ahí viviendo”.

Fuentes informó que se ha realizado un censo, que refleja una “población volátil”, por parte de los servicios sociales de la Junta de Distrito, se ha actuado de forma conveniente por parte de los Bomberos y el Departamento de Control de la Edificación “para garantizar que no suceda ninguna desgracia”.

Preguntado por qué se hará con este edificio cuando se recupere, el concejal respondió que se está estudiando una posible residencia de estudiantes o viviendas para jóvenes, pero aclaró que hablarán con la Junta de Distrito “para que nos digan las necesidades”.