En plena campaña electoral para la cita del 10-N, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto ley para poner “punto y final al independentismo de la republica digital”, de manera que “se va a garantizar que el desarrollo de la administración digital en nuestro país esté garantizado por el Estado”.

Y que, con esa norma, dijo el 31 de octubre Sánchez, “ni va a haber independencia off ni 'online', y el Estado de Derecho va a ser igual de contundente en el mundo digital que en el real” porque “vamos a controlar, al amparo de la democracia, el uso o el potencial mal uso por parte de la Generalitat para la construcción de la república”.

Este miércoles, en los pasillos del Congreso mientras se debatía en la Sala Constitucional, Calvo declaró a los periodistas que la norma es un asunto “parecido a la legalidad que se está haciendo en cualquier país como el nuestro para proteger derechos y libertades” entre administraciones territoriales y para ofrecer “más seguridad y más garantía de la forma en la que ahora los ciudadanos nos movemos en las nuevas tecnologías”.

“Hemos considerado que no había que demorarla” –la medida- porque “necesitamos tener garantías cuando nos movemos como ciudadanos” y esa decisión “afecta a todo el territorio, a todas las administraciones públicas y toda la ciudadanía”.

Por su parte, desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, explicó la posición favorable de los populares no porque hayan alcanzado ningún pacto con el PSOE sino “porque lo consideramos bueno para seguridad y libertad” de los catalanes y del conjunto de los españoles.