En esa línea enfocaron sus intervenciones los portavoces de ERC, Junts y EH Bildu en este punto que debe convalidar la Diputación Permanente del Congreso, Montserrat Bassa, Laura Borràs y Mertxe Aizpurua, pero sintomáticamente no el del PNV, Mikel Legarda.

Para Aizpurua, el llamado “decreto por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”, aunque no lo diga, “tiene a Cataluña en el fondo”. Para apuntalar este argumento, señaló que el decreto obliga a los gobiernos autonómicos a pedir permiso al central para habilitar cualquier creación de páginas de internet.

Además, advirtió de que, con ese supuesto objetivo original, se ha hecho una “ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías” y “un estado de excepción digital”, que acerca a España a países autoritarios como China.

Borràs hizo otra comparación legislativa al llamar al decreto una “ley Corcuera digital”, que en vez de dar la patada en la puerta da “la patada en el servidor apelando a algo tan ambiguo como el orden público”.

Como su predecesora de EH Bildu, la portavoz de Junts advirtió de que, con esta normativa, “nada tendrá que envidiar España a los regímenes autoritarios”, y “podrá cortar el servidor” a quien considere que pone en riesgo la seguridad, o espiarle sin autorización judicial. En cualquier caso, apuntó que, si el Gobierno que salga investido quiere hacerlo, debe presentar un proyecto de ley, no colarlo en la Diputación Permanente sin los informes preceptivos.

Finalmente, Bassa comenzó avisando al Gobierno de que no podrá “frenar el tsunami” ni “la firme voluntad del pueblo de Cataluña” pese a esta “ley mordaza digital”, e insistió en que “no habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva”.

La portavoz de ERC interpretó que “todo vale contra el independentismo”, pero, como sus compañeras, avisó de que con esto “están limitando las libertades y derechos de toda la ciudadanía”, en concreto el derecho a la disidencia política.

Así, advirtió al PSOE de que con este decreto está “brindando en bandeja al trifachito (PP, Vox y Ciudadanos)” que en el futuro pueda meter en la cárcel a disidentes, pues “permite que sea un Gobierno y no un juez” el que pueda cerrar una web e incriminar a sus creadores, todo bajo el “indeterminado precepto de riesgo para la seguridad nacional”. Por ejemplo, observó que “alguno podría considerar” que el derecho a la huelga puede amenazar la libertad económica.

Bassa terminó avanzando que ERC recurrirá el decreto. “Si hay que ir a los tribunales europeos para derogar este decreto, no tengan duda de que lo haremos”. Pidió al PSOE que rectifique y reconozca el error de haberlo aprobado por derechos, “no por un pacto con ERC”, y terminó proclamando que, con cada recorte de estas características, se hace más necesario que Cataluña se haga independiente.