Así lo explicó la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde indicó que, para acogerse a este beneficio, los responsables de estas instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales en marcha, así como a la percepción de las indemnizaciones que se les hayan reconocido.

Si estas instalaciones no aceptan estas condiciones, a partir del 1 de enero de 2020 su retribución se reducirá del 7,39% al 7,09%, lo mismo que ocurrirá con aquellas instalaciones más modernas que no sufrieron el recorte de 2013.

Actualmente siguen abiertos 45 laudos arbitrales contra el Reino de España por ese cambio regulatorio, cuyas denuncias se acercan a los 10.000 millones de euros. Además, se han resuelto ya diez en contra de los intereses del país, reconociendo indemnizaciones por valor de 821 millones.

Ribera, tras señalar que, de momento no se ha ejecutado el pago de ninguno, mostró su confianza en que “esta alternativa pueda ser considerada como una medida que mitigue el impacto de esa decisión regulatoria”, así como de que “pueda activar nuevos procesos de inversión”.

En esta línea, la ministra incidió en la importancia de “dar estabilidad y predictibilidad a los inversores”, tratando de “recuperar la confianza de aquellos que se sintieron decepcionados cuando en 2013 cambiaron las premisas de las subvenciones”.

A este respecto, recordó que en los próximos años España debe afrontar una gran transformación de su modelo energético, para “integrar un enorme potencial nuevo, más eficiente y más renovable”.

AYUDAS CIERRE CARBÓN

Por otro lado, el real decreto aprobado hoy contempla otra medida destinada a paliar los efectos del cierre de ocho de las 14 plantas de carbón activas en España antes del 30 de junio de 2020.

En concreto, establece que será un criterio prioritario para la adjudicación de los puntos de conexión y de evacuación a la red de las centrales que se cierren y de la concesión de agua para refrigerar las nuevas instalaciones, aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo de calidad en la zona.

Ribera destacó que así será “más sencillo poder ir activando proyectos que serán fundamentales en estas zonas afectadas por los cierres para que no se produzca un apagón y sí una transformación de la actividad”.