El Ejecutivo en funciones expresa "su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia hacia las mujeres por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres".

La declaración repasa el devenir histórico de la lucha contra la violencia de género en el mundo y en España, enumerando las normas aprobadas para erradicar esta lacra, pero reconoce que "a pesar de los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas y de la existencia de normas a nivel internacional, nacional y regional que garantizan el principio de igualdad de género y la prohibición de cualquier acto de violencia basado en el género, aún existe una brecha entre los principios consagrados en dichas normas y la práctica, entre la igualdad de género legal y la real y efectiva".

"Pese a los esfuerzos realizados hasta ahora, la violencia contra las mujeres persiste hoy en día. En España, en 2019, se ha alcanzado la trágica cifra de más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003. Una violencia que se ha cobrado la vida de 1.027 mujeres y, desde 2013, de 34 niños y niñas menores, como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres, y que, asimismo, ha dejado huérfanos a 275 menores por el asesinato de sus madres", añade.

"Ante el reto de lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, todos tenemos una gran responsabilidad. Administraciones públicas, profesionales de los ámbitos de la seguridad, la justicia, la educación, los servicios sociales y sanitarios, empresas, asociaciones de mujeres, medios de comunicación y, en general, la sociedad civil en su conjunto, tenemos la misión de acompañar a las víctimas y de manifestar nuestro más absoluto rechazo a las actitudes violentas", concluye.