Así lo desvela una investigación realizada por la consultora GFK para la plataforma YoLibre.org, que está referida al estado actual de la libertad de educación en España y que fue analizada por el secretario general de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet, en el marco del 21 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por esta institución académica y la Asociación Católica de Propagandistas.

En el transcurso de su conferencia impartida junto al rector de esta institución académica bajo el título ‘La libertad de educación: el derecho fundamental que sigue en espera’, Amiguet subrayó cinco razones fundamentales por las que todavía el derecho a una verdadera libertad de educación “sigue en espera”.

La primera ella es, a su juicio, que el “fin único” de la educación es “servir en la lucha de clases”; junto a ello, defendió que, para “universalizar la educación”, la única manera es “fabricar en serie” y para garantizar la igualdad, “la única opción es el monopolio”.

Además, puntualizó que el principio de igualdad “obliga a un único referente de calidad” y que la “única forma de mejorar la calidad es aumentar la inversión”.

“Así es como la madrastra de lo único quiere arrinconar en un oscuro sótano a la cenicienta de la pluralidad”, apostilló,

Por su parte, Vicente Navarro de Luján hizo un recorrido histórico por el sistema educativo español, haciendo hincapié en los artículos 16 y 27 de la Constitución española.

En este punto, el rector recordó que el modelo de educación que promovió la II República “iría en contra de principios fundamentales de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico”.

Navarro de Luján afirmó, a este respecto, que la escuela laica “choca de bruces con la Constitución”. “Pretender que nuestra legislación promueva un estado laico, violenta y vulnera la voluntad de los constituyentes”, sentenció.

En contraposición a este hecho, destacó el papel de la familia como la “principal responsable” de la educación de los hijos y, “solamente cuando los padres hacen dejación de sus obligaciones, se incumbiría al Estado proteger a esos menores abandonados por sus progenitores”, concluyó.